El fiscal general de Perú, Juan Carlos Villena, presentó este martes una denuncia constitucional contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y seis exministros por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, entre otros cargos, a raíz de los muertos y heridos en las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023.
La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, informó en un comunicado, compartido en la red social X, que los hechos están referidos a las protestas sociales que dejaron 44 muertos y 116 heridos en nueve regiones del país, entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023.
Entre los fallecidos hay 41 víctimas por proyectil de arma de fuego y tres por golpes con objeto contundente, además hubo 78 heridos por arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos.
Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, y que deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada.
Los exministros denunciados son Pedro Angulo y Alberto Otárola, en su condición de presidentes del Consejo de Ministros, así como el mismo Otárola y Jorge Chávez como titulares de Defensa; y César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero como ministros del Interior.
Los cargos imputados son homicidio calificado, a título de comisión por omisión -dolo eventual en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en agravio de Cristian Rojas y otros.
Lesiones graves a título de comisión por omisión – dolo eventual en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos en agravio de Teófilo Ramírez y otros.
Además de lesiones leves, bajo las mismas condiciones, en agravio de Miguel Velásquez y otros.
La Fiscalía de la Nación precisó que se ha expedido una disposición de archivo por el delito de genocidio imputado a los mismos investigados.
De igual forma, señaló que existen 303 carpetas fiscales en las que se investigan a 824 personas por hechos vinculados a los delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte público, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidio y lesiones, en agravio del Estado, miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos.
A mediados de julio, la organización Amnistía Internacional señaló a Boluarte como responsable penal de las muertes ocurridas en las protestas, según las evidencias recogidas en un informe presentado en Lima.
“Dina Boluarte sabía lo que estaba pasando y no hacer suficiente para parar más muertes podría conllevar responsabilidades penales individuales”, afirmó la investigadora para América del Sur de AI Américas, Madeleine Penman.
El informe señala que, aunque la presidenta negó ante la Fiscalía haber tenido contacto directo con los comandantes y “minimizó su papel en la represión estatal”,se reunió varias veces con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía durante los tres meses de protestas, “o que le dio múltiples oportunidades para condenar el uso ilegítimo generalizado de la fuerza y ordenar un cambio de táctica en terreno”.
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Posteriormente, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, rechazó que el informe de AI pretenda atribuir una responsabilidad mediata de la mandataria y señaló que ratifica el “sesgo político” de otro documento que mencionó el “racismo letal” en la respuesta de las fuerzas del orden.
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