Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, afirmó que la independencia judicial y la división de poderes son la garantía para que las desiciones de los jueces se basen en el derecho y la jurisprudencia y no en intereses de grupo.
Al inaugurar los foros Reforma constitucional en materia de justicia, el rector de la UNAM expresó que las y los funcionarios judiciales deben contar con los saberes, habilidades y herramientas necesarias para ejercer su labor con autonomía, ética y profesionalismo, a fin de buscar que la justicia sea asequible, visible y entendible para todas y todos, ya que es un derecho humano inalienable.
Estos foros son un espacio de diálogo constructivo, reflexión y consulta, donde la diversidad de voces y perspectivas es esencial para repensar y diseñar una reforma judicial que responda a las necesidades y expectativas de todas y todos los mexicanos.Leonardo Lomelí.
El rector de la UNAM insistió en que las políticas públicas se deben concebir y planificar para que todas las personas accedan a una justicia pronta y expedita, donde la lucha contra la corrupción sea prioridad, pues erosiona la legitimidad de las instituciones.
UNAM se unió al diálogo de la Reforma Judicial
Hugo Alejandro Concha Cantú, abogado general de la UNAM, recordó que el pasado febrero, el titular del Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión un conjunto de iniciativas de reformas constitucionales, una de ellas para la transformación al Poder Judicial Federal.
Agregó que para enriquecer la discusión nacional, las facultades de derecho, de Estudios Superiores (FES) Acatlán y Aragón, así como el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) se unieron para analizar, debatir, enriquecer el diálogo.
Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, expuso que el Poder Judicial, como integrante del Estado, debe ser vigilante de los derechos humanos y el respeto a la Constitución.
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Diego Valadés Ríos, investigador emérito de la UNAM, comentó que la reforma al Poder Judicial, hasta ahora propuesta, pretende seleccionar a los juzgadores por elección popular, reducir sus ingresos y someterlos a un órgano disciplinario que censure sus sentencias. “Esto no resolverá los problemas existentes, en cambio, derogará avances logrados a lo largo de décadas”, recalcó.
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