Amnistía Internacional advirtió que las violaciones de derechos humanos van a “perpetuarse” en El Salvador en el nuevo mandato del presidente Nayib Bukele, si para combatir a las pandillas mantiene el régimen de excepción, que este miércoles cumple dos años.
El 27 de marzo de 2022 Bukele declaró una “guerra” a las temidas pandillas que controlaban buena parte del territorio salvadoreño y ahora proclama que su país es el “más seguro” del continente. Sin embargo, grupos de derechos humanos denuncian abusos bajo el régimen de excepción, que permite a militares y policías hacer arrestos sin orden judicial.
Amnistía afirmó que la tendencia “a minimizar, ocultar, deslegitimar y negar los señalamientos provenientes de diversos actores […], sugiere que durante el segundo mandato del presidente Bukele podría haber una profundización de la crisis [en derechos humanos] que se ha observado durante los últimos años”.
“De no corregir el rumbo, la instrumentalización del proceso penal y la instauración de una política de tortura en el sistema penitenciario podrían perpetuarse”, agregó la organización humanitaria en un comunicado.
Bukele rechaza las críticas de organismos humanitarios y en septiembre, en un discurso en Naciones Unidas, declaró que no hace caso a recetas extranjeras contra el crimen.
“Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas (…) menos cuando éstas ni siquiera funcionan en nuestros países”, afirmó.
Más de 78.000 presuntos pandilleros han sido arrestados en estos dos años, según cifras oficiales, lo que devolvió la seguridad a las calles y favoreció que Bukele fuera reelegido en febrero con el 85% de los votos para otro mandato de cinco años.
“Se ha generado la ilusión errónea de que el presidente Bukele ha encontrado la fórmula mágica para resolver problemas muy complejos –como el de la violencia y la criminalidad–, de manera aparentemente sencilla. Sin embargo, no puede ser un éxito reducir la violencia pandilleril sustituyéndola por violencia estatal”, afirmó Amnistía.
“Además, [el presidente] demuestra su incapacidad para diseñar medidas integrales de largo plazo que aborden las causas subyacentes de la violencia y la criminalidad”, indicó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía, citada en el comunicado.
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Oenegés locales han registrado “327 casos de desapariciones forzadas […], una situación de hacinamiento carcelario del 148% aproximadamente, y al menos 235 muertes bajo custodia estatal”, señaló Amnistía.
“Las autoridades salvadoreñas deben centrar la respuesta estatal en políticas integrales y respetuosas de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones de largo plazo”, insistió.
Asimismo, llamó a la comunidad internacional a “condenar cualquier modelo de seguridad pública que se base en la violación de los derechos humanos”.
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