Vecinos que representan a cientos de familias en el fraccionamiento Urbi Villas del Real en Ciudad Obregón lograron ser atendidos por autoridades estatales para analizar una vez más la problemática que enfrentan para obtener certeza de las propiedades en las que residen.
El grupo de tres mujeres, encabezado por Yadira Concepción Villegas Yáñez, secretaria de la Asociación Negociadora de esa colonia, realizaron una manifestación por fuera de Palacio de Gobierno Estatal para recordarle al gobernador Alfonso Durazo y a sus funcionarios el tema, dado a que la empresa que se presenta como propietaria de los inmuebles, quiere venderlos a un costo más elevado a sus posibilidades.
Las inconformes recordaron que hace 13 años llegaron a ese complejo habitacional, el cual invadieron, pero con el paso del tiempo han realizado adecuaciones tanto a las casas como al entorno y ahora representantes de la inmobiliaria ILT buscan negociar con ellos para ceder los derechos, pero tres veces más de lo que esperaban.
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“Las autoridades nos dan larga a la solución, queremos comprar nuestras casas; hay empresas que nos venden nuestras casas, pero no tenemos solución precisa de que ya se van a comprar”, describió Villegas Yáñez.
Dado a que no es una situación nueva, en varias ocasiones han presentado el caso al propio mandatario estatal y colaboradores, pero todavía no reciben una respuesta positiva a su petición, que consiste en exhortar al Ayuntamiento de Cajeme para que entregue ciertos terrenos a la firma como compensación por el predio invadido.
“Pedimos que el gobierno municipal (Cajeme) permute unos terrenos a la inmobiliaria ILT para que ahí construyan casas y que sean vendidas en un precio accesible para las familias, pero le han dado largas a la situación, la empresa no ha dado respuesta, no ha tomado esos terrenos para hacer la compraventa de nuestras casas”, expuso.
Son alrededor de 800 familias las que están en esa disyuntiva, quienes defenderán, dijo, el patrimonio que les ha costado mantener y construir durante más de una década.
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“Somos invasores, llegamos desde hace muchos años, limpiamos la colonia, le dimos la plusvalía que tiene, ahora viene la empresa a ver cómo están las casas, modificadas, construidas y le dan un valor diferente en el que se las adjudicaron”, apuntaron las inconformes.
El monto justo para ellos es de 100 mil pesos por casa, las cuales son de un piso, pero para la empresa constructora el valor mínimo es entre los 350 mil y los 400 mil pesos, dinero que les es incosteable a la mayoría de los involucrados, mencionaron.
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