Expertos proponen convenios de colaboración entre los diferentes niveles de gobierno para resolver la crisis.
Más allá de la voluntad política, los gobiernos estatales en México no poseen atribuciones legales sobre el agua, ya que estas residen en las autoridades municipales y federales. Esta situación representa uno de los factores que dificultan la resolución de la crisis hídrica en Sonora, por lo que se requiere generar acuerdos transversales.
“Ante la manifiesta incapacidad del gobierno federal para administrar efectivamente las aguas nacionales a nivel local, el gobierno del estado, al recurrir al esquema de federalismo cooperativo, debe suplir dicha deficiencia por medio de convenios de colaboración”, expresó Juan Jaime Sánchez Meza, abogado, especialista en gestión del agua.
Una alternativa, propuesta por Sánchez Meza para salir de la situación en la que el gobierno del estado se ve limitado a “tocarle la puerta al gobierno federal”, se encuentra en el artículo 116 constitucional, en la fracción 7ma.
Dicho artículo, aseguró el abogado y consultor, abre la posibilidad de “un mecanismo para que el estado concurra de manera gradual bajo un programa convenido al ejercicio de ciertas atribuciones que hoy residen en el espacio de actuación del gobierno federal”.
Un contexto en el que este tipo de intervención resulta necesaria, concluyó Sánchez Meza, es la Cuenca del Río Sonora, donde “pudiera el gobierno del estado tener una presencia efectiva en la toma de decisiones, en vista de que esta cuenca representa el 46 por ciento del Producto Interno Bruto Estatal”.
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