El seguimiento que inteligencia militar hacía en el verano del 2022 al autodenominado “Grupo Élite”, brazo paramilitar del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), llevó a ubicarlos cuando llegaron con una misión especial a Salamanca, Guanajuato. En junio de aquel año dos células arribaron para enfrentar a grupos antagónicos y tomar el control de cobro de piso, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes y droga en éste municipio y el vecino de Villagrán.
Hombres armados que se desplazaban en varios vehículos fueron vistos en distintos inmuebles donde se alojarían, del seguimiento a varios de ellos llamó la atención que hablaban de la culminación de un adiestramiento “Kaibil” que habían recibido en la zona serrana del Estado de Jalisco. Decían también que comenzarían una serie de asesinatos de integrantes de grupos locales donde colocarían mensajes para atribuírselos a la banda que se hace llamar “Cartel Santa Rosa de Lima”.
Lo que ocurrió después en esa zona de Salamanca y Villagrán fue una sangría criminal que se extendió a todo el corredor que conecta con los municipios de Celaya, Juventino Rosas, Cortázar, Apaseo el Grande y que colocó a Guanajuato en el primer sitio de asesinatos en el país. Poco se dijo que más allá de disputas territoriales, que implicaba controlar los mercados ilícitos que se generan en las economías de los municipios, la joya de la corona eran los 862 kilómetros de ductos y poliductos que cruzan por la entidad y que tienen como núcleo vital a Salamanca. De este lugar a Tula, se ubicó el área con mayores reportes de extracción en los primeros cuatro años del sexenio, le siguió el de Morelia, después Pénjamo y al final León.
El objetivo que la delincuencia organizada se fijó, que lo alcanzó y afianzó desde el 2022, fue identificar los “nudos de corrupción” de Pemex en Salamanca para hacerse con la información y tener en “nómina” (o bajo amenaza) a quienes poseen los conocimientos técnicos para realizar las tomas clandestinas de extracción de hidrocarburos de forma segura y sin riesgo.
En este sexenio Guanajuato ha sido noticia porque varios de sus municipios encabezan la lista nacional de policías municipales asesinados, también por ser uno de los estados del país donde las desapariciones forzadas se incrementaron, de acuerdo a colectivos de búsqueda, pero donde los casos no se denuncian. Y al ser un bastión político del PAN, el gobierno local ha estado en permanente punto de mira de las críticas presidenciales con un particular golpeteo al fiscal del estado Carlos Zamarripa Aguirre.
Una serie de documentos militares obtenidos por el colectivo Guacamaya que analizan la situación en Guanajuato desde distintos ángulos, y que contienen reportes de inteligencia sobre el seguimiento a las labores de los grupos armados afines al CJNG, alertaban sobre el efecto devastador que la delincuencia tendría en la vida de la entidad. Esta semana los pronósticos confirmaron que desde 2018 cuando inició el sexenio a febrero de 2024, Guanajuato está entre los seis estados que concentran el mayor número de asesinatos vinculados al crimen organizado, con Celaya, León y Apaseo el Grande, entre las 10 ciudades más violentas del país. El tufo a “huachicol” es inocultable.
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