Una corte de apelaciones estadounidense comenzó a escuchar el miércoles los argumentos sobre si debe seguir bloqueando una ley de Texas respaldada por los republicanos que facultaría a las autoridades estatales a detener y procesar a migrantes por cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EU, con sede en Nueva Orleans, está considerando si permite que la ley -conocida como SB4– entre en vigor mientras el estado apela el fallo de un juez que la bloqueó a la espera del resultado de un recurso presentado por el Gobierno del presidente demócrata Joe Biden y grupos de derechos civiles.
Aaron Nielson, abogado de Texas, dijo al panel en su discurso de apertura que la SB4 refleja la ley federal de inmigración y es un ejercicio legítimo de los poderes policiales del estado. “Texas tiene derecho a defenderse”, incluso de los cárteles de la droga, afirmó.
Pero pareció tener dificultades para responder a las preguntas sobre cómo funcionaría la ley en la práctica realizadas por la jueza de circuito Priscilla Richman, quien señaló que ningún otro estado ha reclamado el derecho de expulsar a las personas que se encuentran ilegalmente en el país.
“No es un poder que hayan ejercido históricamente los estados”, dijo.
El Quinto Circuito había suspendido inicialmente el fallo que bloqueaba la SB4 y la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó esa decisión el martes, permitiendo brevemente a Texas aplicar la ley. Sin embargo, horas más tarde, en una decisión inusual, el panel del Quinto Circuito revocó su fallo anterior en una votación de 2-1.
La SB4 tipificaría como delito estatal la entrada o reentrada ilegal en Texas desde un país extranjero y otorgaría a las fuerzas del orden estatales y locales la facultad de detener y procesar a los infractores. También permitiría a los jueces estatales ordenar que las personas abandonen el país, con penas de prisión de hasta 20 años para quienes se nieguen a cumplir.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el miércoles que la cancillería podría responder por la vía diplomática a la ley de Texas, a la calificó de “draconiana“, “deshumanizada” e “injusta“.
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Texas ha impugnado ante los tribunales una serie de políticas federales de inmigración, incluida la destrucción por parte del gobierno de Estados Unidos de las vallas de alambre de púas que el estado ha colocado a lo largo de la frontera, mientras que el gobierno de Biden ha demandado al estado para obligarle a retirar una barrera flotante de mil pies de largo en el río Grande.
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