Debido a que queda poco tiempo para que finalice el último periodo ordinario en el Congreso del Estado, no se retomará el análisis y discusión del mandato emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite despenalizar el aborto.
Al respecto, la diputada Rosa Elena Trujillo Llanes comentó que es un asunto que -si bien- ya se abordó desde el año pasado, se requiere que los integrantes del Poder Legislativo concuerden en que debe acatarse el mandato para que sea efectivo en Sonora.
“Tuvimos la oportunidad de poner el tema del aborto en el Congreso, creo que es importante; hay que trabajar nuevamente con colectivas y buscar consensos políticos”, externó.
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Al ser un asunto en el que se ocupa que la mayoría de los diputados y diputadas lo validen, debido a que no es solamente por conciencia de género, no es posible que se dé de inmediato ni por voluntad de uno o varios, sino de todas las fuerzas políticas que conforman las bancadas.
Dijo que se ve complicado que en las siguientes semanas se vuelva a dialogar sobre este asunto, por lo tanto es altamente probable que sean los sucesores los que retomen este controversial tema.
El proceso electoral es uno de los factores por los que considera que ninguno de sus compañeros se atreven a profundizar o emitir una postura al respecto, pues en el caso de ella, desde antes de que se diera esa decisión de la SCJN ya sostenía encuentros con representantes de colectivas para ver la manera de cómo respaldar ciertas propuestas.
“No quisiera decir que es un tema que puede salir aquí o allá, pero sí se requiere trabajo de acuerdos y, probablemente por la coyuntura político-electoral y, porque estamos a semanas de que se termine el último periodo ordinario de esta legislatura, probablemente sea un tema que quede pendiente“, externó.
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Fue en septiembre del 2023 cuando la Suprema Corte despenalizó el aborto en el país, pero queda en la cancha de los congresos locales eliminar del Código Penal las sanciones para las mujeres que decidan practicarlo, debido a que todas las instituciones de salud públicas como el IMSS, Issste, entre otras, están obligadas a realizarlo, sin que haya consecuencias para el personal médico.
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