Por ser una iniciativa que va en contra del derecho humano a migrar y la política humanitaria de atención a personas en situación de migración, el Gobierno de Sonora se mostró en contra del proyecto de ley SB 1231, que vetó la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs.
A través de una publicación hecha en la plataforma “X”, el mandatario estatal, quien se encuentra de gira por China, externó su respaldo a esa iniciativa, que es coercitiva para las personas que ingresen a los Estados Unidos de forma ilegal.
Para la gobernante arizonense esa medida promovida por el gobierno americano en el afán de crear una legislación antiinmigrante, es con la intención de ganar simpatías políticas de la sociedad en ese país, pero dada las políticas que se promueven en esa región fronteriza, no es aceptada.
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Hobbs sostiene que dicha norma afecta a empresas, agricultores, así como a varios sectores de la población, además de que genera más carga a las corporaciones de seguridad y al sistema judicial americano, por lo tanto afirma que ese proyecto no es la solución.
“Respaldamos a la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs (@GovernorHobbs), por su decisión de vetar el proyecto de ley SB 1231, que volvía delito la entrada de extranjeros a Estados Unidos desde México por cualquier punto que no fuera un puerto de entrada”, pronunció Durazo Montaño.
La también conocida “Ley de Inversión de Arizona” establece sanciones menores para quienes son sorprendidos por primera vez por ingresar de forma ilegal, pero para quienes sean reincidentes, podrían enfrentar cargos de nivel grave.
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“Nuestra entidad lleva a cabo una estrategia para atender los flujos migratorios de manera segura, ordenada, regular y humana, en colaboración con el Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Migración, y el gobierno de Arizona, la cual ha hecho posible una disminución considerable de cruces irregulares por nuestra frontera, según datos de las mismas autoridades estadounidenses”, agregó el gobernador sonorense.
De haber sido aprobada por la gobernadora Hobbs, la medida se convertiría en una de las leyes estatales más duras en contra de la inmigración indocumentada en Estados Unidos, enfatizó Durazo, a su vez que dicha restricción daría a las corporaciones estatales y locales en ese país, atribuciones para dejar sin efecto las demandas civiles que se presentaran por las personas quejosas, ante cualquier daño que se de durante la aplicación de esa legislación.
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