El asesinato de la joven concejala ecuatoriana Diana Carnero, acribillada a disparos en plena vía pública, se ha sumado a una larga lista de políticos, fiscales y jueces que han perdido la vida a manos del crimen organizado, con el candidato presidencial Fernando Villavicencio como el caso más conocido de esta ola de violencia que azota a Ecuador.
Carnero fue atacada en la tarde del miércoles por dos personas en moto que le dispararon directamente a la cabeza cuando realizaba filmaciones y fotografías del estado de las calles del cantón (municipio) de Naranjal, donde hace apenas un año se había convertido en la concejala más joven del historia de esta jurisdicción, al asumir el cargo con 29 años.
La concejala, que militaba en la Revolución Ciudadana, el partido que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), era ingeniera civil, estudiaba un máster en Administración Pública y había fundado en 2016 un centro de nivelación académica para jóvenes que buscaban ingresar a la universidad.
La historia de Carnero se repite con numerosas autoridades de todo nivel, cuyas vidas han sido arrebatadas por las bandas criminales que operan en Ecuador prácticamente sin distinguir posiciones ni ideologías, sobre todo en la costa del país, clave para las bandas criminales que controlan la rutas del narcotráfico y que utilizan los puertos ecuatorianos y el litoral para enviar grandes cantidades de cocaína a Europa y Norteamérica.
Un alcalde electo de forma póstuma
El crimen de la concejala correísta ocurrió pocos días después de que se cumpliese un año del asesinato de Omar Menéndez, candidato a la alcaldía del municipio costero de Puerto López por la Revolución Ciudadana en las elecciones locales de febrero de 2023.
Menéndez, que al día siguiente ganó de manera póstuma la elección con el 46,22 % de los votos, fue acribillado el 4 de febrero en una zona comercial del municipio.
En el marco de esa misma campaña electoral fue asesinado también el abogado Julio César Farachio, candidato a alcalde de la costera ciudad de Salinas por el movimiento izquierdista Unidad Popular, mientras realizaba un acto proselitista donde quedó tendido en medio de un charco de sangre.
La ola de violencia política creció en el marco de las elecciones generales extraordinarias con el asesinato de Rider Sánchez, candidato a asambleísta por Esmeraldas de la alianza Actuemos, que lideraba el exvicepresidente Otto Sonnenholzner.
Intriago y Villavicencio, los rostros más populares
Siguió con el sonado asesinato del alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, uno de los más populares del país, reelegido con el 61,25 % de los votos, que fue acribillado también durante un recorrido que hacía por las calles de la urbe en el que también falleció una joven futbolista.
Pocas semanas después, el 9 de agosto, llegó el crimen contra Villavicencio que dio la vuelta al mundo al quedar captado en vídeo el momento del asesinato por parte de un grupo de sicarios colombianos, en un caso aún por esclarecer, pues uno murió en el lugar de los hechos y el resto fue presuntamente asesinado en la cárcel.
El asesinato de Villavicencio concentró por primera vez la atención internacional del fenómeno de violencia que ya ocurría meses antes en el país, y que siguió días después con el crimen contra Pedro Briones, un dirigente local afín al correísmo asesinado en Esmeraldas.
En octubre fue el turno de Charbel Rouhana, concejal del cantón de Yaguachi, acribillado pocas horas después de que se registrase en esa localidad de la provincia de Guayas una masacre donde fueron asesinadas diez personas, presuntamente por enfrentamiento entre dos bandas criminales.
Chonillo, el alcalde sobreviviente
Muy cerca de sumarse a esta negra lista estuvo Luis Chonillo, alcalde de Durán, uno de los municipios del área metropolitana de Guayaquil, que en mayo sobrevivió a un atentado en el que murieron dos de sus escoltas y una persona más, lo que le llevó a pasar un tiempo en la clandestinidad y despachar de manera telemática.
Sin embargo, no corrió la misma suerte Miguel Santos, director de Terrenos de Durán, quien a inicios de agosto fue asesinado por tres personas armadas, y en septiembre ocurrió lo mismo con el concejal Bolívar Vera. También la exalcaldesa de Durán Mariana Mendieta permaneció tres días secuestrada también en ese mes de octubre.
A la par que los políticos, los magistrados también han sido objeto en este último año de atentados, como los fiscales Leonardo Palacios y Édgar Escobar, acribillados en Durán y Guayaquil, respectivamente; y el juez Nelson Yánez, en Lagro Agrio; mientras que la fiscal general, Diana Salazar, denunció en junio haber recibido amenazas de muerte.
El 11 de enero fue igualmente asesinado en Guayaquil el fiscal César Suárez, un magistrado que se había hecho popular por investigar casos de corrupción en hospitales públicos y que llevaba también el caso de la toma del canal TC Televisión por parte de un grupo armado, uno de los episodios que llevaron al presidente Daniel Noboa a declarar el “conflicto armado interno” contra el crimen organizado.
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Asimismo, Santiago Loza, director de la cárcel de El Inca, de Quito, fue acribillado en diciembre de 2022 y las directoras de las cárceles de mujeres de Esmeraldas y Guayaquil también sufrieron en marzo de 2023 atentados similares donde lograron salir con vida.
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