Exconcesionarios del transporte urbano en Hermosillo se manifiestaron en Palacio de Gobierno para exigir que se les cumpla con el aumento del 15 % en las aportaciones que reciben por haber sido requisados.
Debido a este suceso, desde temprana hora se colocaron vallas alrededor del recinto para evitar el ingreso de los inconformes, quienes con tambores, sartenes y una corneta eléctrica intentaron llamar la atención de las autoridades.
Uno de los representantes del grupo es Heriberto Ortega Ruiz, quien mencionó que desde el 2018 a la fecha se les ha entregado una aportación mensual que inició en 15 mil pesos y a partir de junio del 2023 se incrementó mil pesos, para rondar en los 16 mil pesos actualmente, como compensación mientras permanece el proceso legal interpuesto para buscar recuperar ese permiso.
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“El último pago ahora en enero fue de 16 mil pesos, pero en junio del año pasado ellos prometieron un incremento del 15% a partir de este año y eso es lo que estamos pidiendo, ese porcentaje que ya estaba prometido”, expresó en entrevista.
Dado a que solo se les prometió de palabra que se daría ese ajuste y al tomar en cuenta que el mes pasado se les aplicó la misma cantidad que el año pasado, externaron que continuará con la presión hasta que las autoridades firmen un acuerdo para dejar establecido el nuevo monto que es superior a los 18 mil pesos.
Son 132 personas en esa situación, pero alrededor de 20 ex concesionarios han fallecido de 2018 a la fecha, lo cual generó una controversia con el gobierno por ese tema, donde para fortuna de los familiares de los difuntos lograron pactar que se les entregue a ellos esa aportación.
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Sobre el proceso legal que interpusieron por esa decisión que se tomó en la administración de Claudia Pavlovich, que los dejó sin el derecho de seguir como titulares de los permisos para el uso de línea del transporte público en esta capital, no hay avances, lamentaron.
De no obtener una respuesta positiva en las siguientes horas o días analizarán la posibilidad de intensificar las protestas, al no descartar otras acciones que puedan afectar a la ciudadanía.
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