La Fiscalía General de Ecuador anunció este lunes que ha pedido a un tribunal que convoque una audiencia en la que prevé formular cargos contra un exjuez acusado de presuntamente beneficiar en 2020, con la devolución de bienes, a la familia del prófugo José Adolfo Macías Villamar “Fito”, líder del grupo de delincuencia organizada “Los Choneros“.
El Ministerio Público, en un menaje en X, informó de que ha solicitado a la Corte Provincial de Justicia de la provincia costera de Manabí que “señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos contra del exjuez de Garantías Penales, Juan Eduardo E. Z., investigado por prevaricato”.
Precisó que ese exmagistrado “es indagado por la devolución de bienes a la familia de alias “Fito”, en el contexto de un proceso por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria que Fiscalía llevó adelante en esa Judicatura, en 2020″.
La familia Fito regresó a Ecuador el pasado viernes tras ser expulsada por el gobierno de Argentina, donde fue detenida en una urbanización privada de las afueras de Córdoba.
Entre los familiares de Fito expulsados por Argentina a Ecuador se encuentra su esposa, Inda Peñarrieta, quien ha sido investigada en varias ocasiones en el pasado.
La Fiscalía ecuatoriana no ha informado si existe alguna investigación en curso contra la mujer u otros familiares del prófugo líder de Los Choneros, cuyo paradero se desconoce desde que las fuerzas de seguridad confirmaran su fuga de una prisión de Guayaquil a principios de enero.
Fito fue condenado en 2011 a 34 años de prisión por narcotráfico, delincuencia organizada y homicidio, y a su banda se le atribuyen nexos con el cartel mexicano de Sinaloa.
En febrero de 2022, el Consejo de la Judicatura de Ecuador sancionó al exjuez Juan Espinosa Zapata por haber fallado en favor de familiares de Fito, en un caso en el que el magistrado ordenó que se levantaran las órdenes de “incautación y prohibición de enajenar” bienes de los procesados, en el marco de un proceso por lavado de activos.
El Consejo de la Judicatura sancionó a Espinosa Zapata por “haber actuado con “manifiesta negligencia” en ese proceso.
El caso Fito cobró nuevamente gran notoriedad luego de que el pasado 7 de febrero, cuando agentes militares y policiales efectuaban una operación de intervención en una cárcel de Guayaquil, se percataron que dicho reo había fugado.
Y mientras las autoridades buscaban a Fito se desató una ola de atentados y acciones violentas atribuidas a grupos de delincuencia organizada que incluyeron el secuestro de policías, asesinatos, artefactos explosivos, vehículos incendiados, motines en cárceles con 200 rehenes (ya liberados) y la irrupción en un canal de televisión por parte trece encapuchados armados, ahora detenidos.
La caótica situación en el país llevó al presidente, Daniel Noboa, a declarar un estado de excepción con toque de queda nocturno y un “conflicto armado interno”, lo que supuso para el gobernante una “guerra” contra las bandas del crimen organizado, que pasaron a ser consideradas como grupos “terroristas” y “actores beligerantes no estatales”, sujetos a ser neutralizados por las fuerzas de seguridad.
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