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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador presumió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas avances normativos en materia de desaparición forzada, tortura y detenciones arbitrarias, así como en materia migarotira, previo a la evaluación a la que será sometido el país en el Examen Periódico Universal (EPU), el miércoles 24 de enero.
El informe del gobierno, consultado por MILENIO, contempla siete rubros e involucra a 45 dependencias como respuesta a las recomendaciones que le fueron planteadas durante su evaluación anterior, en 2018.
Dentro de las acciones emprendidas entre 2019 y 2023, el gobierno informó un aumentó del 188% en el presupuesto a las instituciones encargadas de la defensa de los derechos humanos, cerrando 2023 por encima de 3 mil 680 millones de pesos.
Entre esas instituciones destacó la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), cuyo presupuesto aumentó 273% respecto a 2019. En el informe también se señaló que desde la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) incrementaron las plazas de la CNB, al pasar de 43 a 243.
Si bien en su última visita a México, el Comité contra la Desaparición Forzada apuntó que sólo 20 estados contaban con una ley local en materia de desaparición, las autoridades mexicanas precisaron que en todas las entidades hay una Fiscalía Especializada, así como una Unidad en materia de desaparición.
El informe nacional destacó, además, las reformas a la Ley Federal del Trabajo, de 2019; a la Ley de Seguro Social, de 2022, y al Poder Judicial de la Federación (PJF), de 2021, entre otras.
En materia forense aseguró que se encuentran en funcionamiento 19 centros de resguardo temporal de restos humanos en 16 entidades, y presumió la publicación de los lineamientos para la operación del Banco Nacional de Datos Forenses, que acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, debió estar en funcionamiento desde 2019.
Como respuesta al señalamiento de un uso generalizado de la tortura, el gobierno aseguró que si bien solo hay 9 Físcalias y 4 Unidades Especializadas en la materia, se han presentado más de 5 mil denuncias y representado a 8 mil 679 víctimas a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Aunque destacó la creación de un Registro Nacional de Detenciones, reconoció que no se ha eliminado el rango constitucional de la figura de arraigo, a pesar que en 2019 se envió una iniciativa al Senado al respecto.
El gobierno de México también reportó que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista se encuentra en función en 26 estados, y que laSecretaría de Gobernación (Segob) “inició (en 2019) los trabajos para crear un sistema nacional de protección”.
Remarcó la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y señaló que hasta septiembre de 2022, la CNDH emitió 457 recomendaciones, “más de las que se emitieron en la administración anterior”.
RM
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