Pena máxima en contra del presunto responsable del asesinato de quien fuera gobernadora de la etnia Cucapá, Aronia Wilson Tamboa, exigen desde el Partido Acción Nacional (PAN) en Sonora.
Tras conocerse la noticia de que la líder de esa tribu, que se ubica en San Luis Río Colorado fue privada de la vida el pasado 09 de enero, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) inició con las indagatorias para dar con el responsable, lo que llevó a determinar que Jorge Santiago “N” es el posible autor material del homicidio.
Sobre este caso, la Secretaría de Igualdad y Desarrollo Humano del Comité Directivo Estatal, Karla Durazo Razcón manifestó que es un hecho que no debe quedar impune, por tratarse de una mujer y por la forma en la que murió.
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“Rechazamos totalmente los actos de odio, discriminación y muerte contra cualquier comunidad indígena y/o integrantes de alguna de éstas. Principalmente ante el contexto nacional de inseguridad en el que vivimos”, pronunció.
Dado ese escenario, instó a las autoridades competentes a realizar una investigación amplia del caso, por tratarse de un delito cometido en razón de feminicidio, además de que el presunto responsable intentó incendiar el cuerpo para eliminar evidencias.
“No estamos de acuerdo contundentemente con la acción de atentar contra la vida de una persona, todas deben ser iguales ante la ley y no se deben invocar privilegios, o bien, subestimarlos a partir de una característica o condición individual o colectiva”, añadió.
Al ser una mujer que solía ser defensora de la preservación del idioma, así como de los usos y costumbres de esa tribu, consideró que es lamentable que haya partido de este mundo de esa forma, por ello queda en manos de las autoridades el hacer justicia a través de la Ley.
“Reconocemos el trabajo que hasta el momento ha realizado la FGJE y le incitamos para que se continúe con la aclaración del caso, así como aplicar la pena máxima establecida en el Código Penal de Sonora por asesinar a una mujer”; apuntó.
Según el Código Penal en el Estado las condenas por feminicidios alcanzan entre los 50 y 70 años de prisión, luego de que recientemente los diputados en el Congreso del Estado avalaron elevar el castigo para quienes cometan ese delito, principalmente si se trata de servidores públicos.
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