Fuerzas de seguridad en Ecuador realizaban el jueves redadas e incautaciones de armas, luego de que el Gobierno prometió una guerra contra las bandas criminales, pero cerca de 180 miembros del personal penitenciario seguían rehenes de los reclusos en varias cárceles.
El aumento de la violencia esta semana -incluido el asalto de una estación de televisión en vivo- parecía ser una respuesta de las bandas a los planes del nuevo presidente Daniel Noboa para abordar una grave crisis de seguridad.
Noboa se ha comprometido, entre otras cosas, a trasladar a los líderes encarcelados de las bandas a nuevas prisiones de alta seguridad. Se espera que el Gobierno comparta el jueves detalles sobre las instalaciones previstas.
El mandatario declaró un estado de emergencia de 60 días, envió al ejército a las calles y señaló a 22 bandas delictivas como grupos terroristas, y dijo el miércoles que esperaba ayuda estadounidense en unos días.
Noboa de 36 años, que asumió el cargo en noviembre, disfruta hasta ahora del respaldo de la Asamblea Nacional, que votó unánimemente el miércoles por la noche el respaldó a sus esfuerzos de seguridad.
Hay escasa información sobre el estado de los 158 guías y 20 funcionarios administrativos que fueron tomados como rehenes desde el lunes en al menos siete prisiones.
“La situación es bastante preocupante, todavía no sabemos las condiciones en las que se encuentran en el interior. Nadie entra, nadie sale, no tenemos datos específicos de lo que está pasando”, dijo Carlos Ordóñez, vicepresidente de la asociación de guías penitenciarios a Reuters. “Estamos impotentes”.
Ordóñez dijo que los militares se han hecho cargo del manejo de los sitios donde hay rehenes.
Aunque en las redes sociales han circulado vídeos que pretenden mostrar al personal penitenciario siendo sometido a violencia extrema, incluidos disparos y ahorcamiento, el comandante de las Fuerzas Armadas, el contralmirante Jaime Vela, dijo el miércoles que ningún rehén había sido asesinado.
Reuters no pudo verificar de inmediato los videos.
“Hasta ahora entendemos y tenemos la esperanza de que no sean mis compañeros los que aparecen en esos videos. Creemos que todos todavía están vivos”, dijo Ordóñez, al señalar que presentaron una petición de ‘habeas corpus’ (amparo) para tratar de presionar al Gobierno para que tome más acciones.
Sólo hay unos 2 mil 600 guardias penitenciarios en ecuador para encargarse de unos 32 mil presos, sin incluir los centros de detención juvenil, según Ordónez.
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“Le pedimos (al presidente) la libertad de mis compañeros y luego que se mejoren las condiciones laborales”, agregó.
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