Los deudores alimentarios, agresores sexuales o quienes hayan cometido violencia familiar podrán estar en la boleta electoral del próximo año si tienen sentencias firmes anteriores a la entrada en vigor de la reforma constitucional conocida como ley 3 de 3, la cual se publicó el 29 de mayo de 2023 en el Diario Oficial de la Federación.
“No le estamos dando garantías a ninguna mujer de que sus violentadores no estarán impedidos de postularse a un cargo de elección popular”, reconoció la consejera electoral Carla Humphrey, en entrevista con El Sol de México.
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Reprochó que en 2021, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) verificó por primera vez y sin la ley 3 de 3 que los candidatos no tuvieran una sentencia por violencia de género, el órgano no estableció un periodo para verificar que los candidatos no sean infractores, contrario a la norma vigente.
“Me parece ridículo que estemos revisando menos de un año (…). No encuentro de dónde establecen un asidero para revisar a partir de mayo (de 2023) nada más. Hablan de retroactividad, pero estamos hablando de los derechos de las mujeres, de que ya se constitucionalizó. Ya había avances, este Instituto la vez pasada que revisó, inclusive, ni siquiera le pusimos fecha”.
Por separado, la consejera electoral Dania Ravel explicó que todos los candidatos deberán presentar un oficio bajo protesta de decir verdad en el que declaren no tener una sentencia firme por violencia de género. Posteriormente, el INE revisará la veracidad de sus dichos, principalmente con los tribunales y los estados.
“Como es evidente que el Instituto Nacional Electoral no cuenta con esta información, requiere tener comunicación y coordinación con otras autoridades y debe haber voluntad del otro lado para que nos den esta información y podamos constatar que lo que nos dijeron en estas cartas bajo protesta decir verdad es cierto”, comentó a este diario.
El INE publicará la lista de candidaturas registradas a finales de febrero, para que los ciudadanos puedan reportar si alguno de los candidatos incumple la ley 3 de 3 antes del 2 de abril. El Consejo General determinará si cancela alguna postulación por tratarse de un violentador o deudor alimentario en una sesión de Consejo General, prevista para el 15 de mayo de 2024.
A diferencia de 2021, cuando el INE solo revisó mil 177 postulaciones, en 2024 examinará todas las candidaturas, con el fin de evitar se cuelen violentadores a las boletas si tienen sentencias firmes después de mayo de 2023 —lo cual anula sus derechos políticos—, si son anteriores podrán participar en la elección, toda vez que los lineamientos del órgano, aprobados en octubre pasado, son contradictorios e inconsistentes, en opinión de Humphrey.
Por ello, consideró: “debemos hacer responsables a los partidos políticos, e incluso creo que la ciudadanía, no avalar con sus votos a las personas que estén en cualquiera de estos supuestos”.
Entrevistada por separado, Yndira Sandoval, activista y politóloga feminista de las Constituyentes CDMX e impulsora de la ley 3 de 3, coincidió en que a pesar de que la norma es constitucional, en la elección de 2024 no se podrá impedir que todas las personas deudoras de pensión alimenticia, agresoras sexuales o que hayan cometido violencia familiar participen en busca de un cargo.
Al preguntarle si todo está preparado para que en 2024 todas las candidaturas a puestos de elección federal y local tengan el blindaje de la 3 de 3, aseguró: “No, me parece que los principales actores de una primera prueba de fuego son los partidos políticos. Los emplazo y conmino a que coloquen los criterios de la 3 de 3 contra la violencia en sus convocatorias internas”.
También destacó la importancia de vigilar las listas de candidatos de los partidos políticos. “La 3 de 3 llegó, el gran reto es hacerla cumplir, pero para cumplir hay que fiscalizar, por eso es importante la observatoria, para que ante las listas se pueda vigilar”.
Advirtió que en las elecciones del próximo año “las mujeres no vamos a votar por agresores, deudores y acosadores. Las mujeres somos la principal fuerza política. Que no se nos olvide nunca que las mujeres en nuestro cuerpo decidimos y en las urnas definimos. Somos mayoría”.
De acuerdo con Sandoval, “falta el segundo piso de la 3 de 3, después vamos a ir por sanciones a los partidos políticos que postulen a candidatos que tengan denuncias de violencia alimentaria, familiar o sexual”.
Explicó que el 24 de mayo se alcanzó la reforma constitucional al lograr su aprobación en 23 entidades y se publicó el 29 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, aunque ésta y los lineamientos de paridad, dijo, fueron impugnados por Movimiento Ciudadano, en Campeche y Yucatán. “MC interpuso ya dos amparos, pero en general los partidos están recurriendo a las triquiñuelas jurídicas y grietas para colarse” en la elección del próximo año.
Reveló que mientras se realizaba el proceso para aprobar la reforma en la Ciudad de México las dos principales coaliciones la buscaron para formar parte de sus candidatos al Congreso de la Unión y que aceptar no sería traicionar el movimiento feminista.
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Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, indicó que es momento de dejar atrás las simulaciones, el pacto patriarcal y pasar a las acciones, “reconocer que alguien que es delincuente no puede representar los intereses legítimos de la ciudadanía”.
Álvaro Ramírez, analista político y asesor parlamentario en el Congreso de la Unión, aseguró que se requerirá que las organizaciones feministas o impulsoras de la 3 de 3 tengan la capacidad jurídica para dar seguimiento a las denuncias ante el INE y el Tribunal Electoral, así como presionar a los partidos para impedir que agresores de mujeres tengan registro como candidatos. Con información de FERNANDO MERINO
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