Londres /
H2O Asset Management se enfrenta a una demanda en París que presentó un grupo de inversionistas perjudicados que reclaman que sufrieron pérdidas de más de 700 millones de euros debido a su capital en activos no líquidos.
El grupo de más de 6 mil inversionistas alega que H2O, así como su antiguo propietario mayoritario, Natixis Investment Managers, el auditor de sus fondos, KPMG, y el depositario de los fondos, Caceis, son responsables solidarios de las pérdidas en las que incurrieron los inversionistas. Se trata del primer gran litigio relacionado con el escándalo de los activos no líquidos.
H2O, alguna vez una estrella europea en el sector de inversiones que supervisó más de 30 mil millones de euros en su punto máximo, se sumergió en una crisis en 2019 después de que Financial Times revelara que tenía una exposición sustancial en valores no líquidos vinculados al controvertido financiero Lars Windhorst.
La Autorité des Marchés Financiers (AMF) de Francia impuso una multa récord de 75 millones de euros a H2O a principios de este año como castigo por incumplimientos “graves” de las normas relacionadas con las inversiones no líquidas, al tiempo que prohibió a su fundador, Bruno Crastes, gestionar fondos durante cinco años.
El Collectif Porteurs H2O anunció el litigio, que “se basa en meses de investigación exhaustiva” en los que reunieron pruebas “que demuestran la responsabilidad de las empresas del grupo H2O implicadas, pero también las deficiencias de control de los terceros de confianza”.
“Los gestores de fondos H2O invirtieron 2 mil 300 millones de euros en títulos de deuda privados no líquidos, a pesar de que este tipo de inversión no solo estaba prohibida, sino que además era contraria a la estrategia de gestión propuesta a los inversionistas”, indicó la asociación, estimando que la pérdida a sus 6 mil 77 socios ascendió a 717 millones de euros.
La decisión del Collectif de incluir a otros interesados en la demanda amenaza con ampliar las consecuencias del escándalo más allá del propio H2O.
Natixis, que forma parte de la cooperativa bancaria francesa BPCE, al inicio dio su apoyo a H2O, pero luego anunció en 2020 que se iba a deshacer de su participación mayoritaria en la empresa después de que los reguladores franceses intervinieron y obligaron a H2O a congelar varios de sus fondos. Natixis cree que las reclamaciones carecen de fundamento y las “impugnará enérgicamente”.
KPMG emitió auditorías limpias de los fondos de H2O antes de la exposición del caso; sin embargo, más tarde señaló serios problemas en torno a la exposición no líquida, advirtiendo en 2021 que las cuentas de varios de sus fondos se volvieron “imposibles de certificar” debido a incertidumbres de valoración e incumplimiento de las reglas.
Mientras, Caceis es una empresa de custodia y servicios de activos de propiedad conjunta de los bancos europeos Crédit Agricole y Santander y durante mucho tiempo fue el custodio de los fondos de H2O. La AMF dictaminó en enero que estas inversiones en bonos nunca fueron aptas para fondos abiertos a minoristas.
La demanda se produce cuando H2O siguió amortizando el valor de sus inversiones vinculadas a Windhorst, que se enfrenta a procedimientos de insolvencia contra algunas de sus empresas en varias jurisdicciones.
H2O valoró sus inversiones no líquidas vinculadas a Windhorst en mil 600 millones de euros cuando las separó en las llamadas “bolsas secundarias” hace tres años y atrapó los fondos de los inversionistas.
H2O anunció en enero que recibió un reembolso de 250 millones de euros de Tennor, la empresa de inversión de Windhorst; sin embargo, la información de los fondos mostró que una parte significativa de esta cantidad se reembolsó con nuevos bonos en lugar de efectivo. En septiembre, H2O redujo el valor de las inversiones restantes a poco más de 300 millones de euros.
La semana pasada, el Collectif obtuvo una victoria legal en el tribunal de París antes de sus presentaciones principales, cuando un juez dictaminó que H2O “no había proporcionado información completa y exhaustiva” de las comunicaciones entre Windhorst y los fundadores de H2O. El tribunal impuso multas de 600 mil euros por deficiencias anteriores en la divulgación y de 30 mil euros al día por cualquier otro retraso en la entrega de las comunicaciones.
En la sentencia se señala que un perito designado por el tribunal encontró varios ejemplos concretos de comunicaciones “incompletas”, como mensajes “cifrados” y una referencia a una carta “enviada a través de una dirección de Google no revelada”
Ninguna de las compañías involucradas quiso hacer comentarios al respecto.
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