Norma Lucía Piña Hernández rindió su primer informe de labores como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde dijo que en la función jurisdiccional “no buscamos aplausos. Nuestra guía es honrar y preservar la justicia”.
“El cambio que todos anhelamos en la justicia de nuestro país no solo está en manos del Poder Judicial federal. Tampoco es exclusivo del Poder Ejecutivo, ni Legislativo federales. Estamos ante una responsabilidad de Estado. Ante una responsabilidad compartida entre todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Se requiere convicción, pasión, conocimiento y recursos. Apostemos por trabajar en colaboración para garantizar el respeto a nuestra Constitución y a la integridad y dignidad de todas las personas”, dijo la primera mujer en presidir el máximo tribunal del país.
Piña Hernández dijo que seguirán trabajando para que la justicia prevalezca y afirmó:
no daremos ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas. Nuestro único compromiso es con México. A él nos debemos.
Indicó que la justicia no solo pacifica el conflicto, ya que también humaniza, edifica y enaltece a la sociedad. Resaltó que la independencia y la imparcialidad judicial deben ser los principios fundamentales que guíen la actividad jurisdiccional para aumentar la confianza de la gente y mejorar la impartición de justicia.
“Entre nosotros entendemos muy bien que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos. Nuestra guía es honrar y preservar la justicia. Impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a nuestra Constitución. Ésta es nuestra convicción. Esta es la premisa que da sentido a nuestra vida profesional”, señaló.
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Detalló que durante este año ingresaron un millón 493 mil 712 asuntos, que sumados a la existencia inicial de 531 mil 571 asuntos, arroja una carga de trabajo de 2 millones 25 mil 283 asuntos en todo el sistema de justicia federal, constituido por Plenos Regionales, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y Juzgados de Distrito, Centros de Justicia Penal Federal, Tribunales Laborales Federales y por el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación.
Señaló que de toda la carga total de trabajo se logró resolver cerca del 70 por ciento durante este año.
Explicó que del 1 de diciembre de 2022 al 30 de noviembre de este año, la Suprema Corte recibe más de 16 mil 405 asuntos, de los cuales 8 mil 217 son amparos directos en revisión; 2,724 a expedientes varios; 994 a amparos en revisión; 934 a solicitudes de facultad de atracción; 837 a recursos de reclamación; 547 a controversias constitucionales; 406 a contradicciones de criterios; 231 a acciones de inconstitucionalidad y 222 a solicitudes de reasunción de competencia, entre otros.
También destacó las resoluciones emitidas durante este año, las cuales confrontaron al Poder Judicial con el presidente López Obrador, como la inconstitucionalidad de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que se permitiera al INAI designar a los comisionados faltantes, y la orden de transparentar los contratos de compra de vacunas contra el Covid-19.
Durante su mensaje, agradeció a los trabajadores del Poder Judicial su apoyo contra la eliminación de los fideicomisos, además de quienes han defendido la independencia judicial.
“Como nunca, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación dejaron por momentos sus imprescindibles jornadas en la defensa del orden constitucional, para salir a defender sus propios derechos y, así, proteger los de la población. ‘Para protegerte, salgo a defenderme’, se leía en algunos carteles”, recordó.
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A este informe acudieron Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México; y Eduardo Medina Mora, ministro en retiro.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, asistió en representación del presidente López Obrador. Tampoco estuvo presente la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera.
Antes y durante el informe, la Suprema Corte estuvo blindada por granaderos de la Guardia Nacional y la policía capitalina.
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