Kate Cox, una madre de Texas de 31 años tiene un embarazo de 21 semanas que sufre una anomalía genética, la trisomía 18 completa, que significa que probablemente morirá antes de nacer o, como mucho, vivirá unos pocos días.
Cox, quien ya es madre de dos hijos, tuvo que abandonar su hogar en la ciudad de Dallas de emergencia debido a que su nuevo embarazo también pone en riesgo su vida, pero la jurisdicción de Texas podría encarcelar hasta por 99 años a cualquier médico que le practicara un aborto.
Desde que la Suprema Corte de Estados Unidos revirtió el derecho constitucional al aborto en 2022, el estado de Texas, prohibió la interrupción de los embarazos aún en caso de violación o incesto imponiendo penas en cárcel, multas e incluso la revocación de su licencia para ejercer la medicina.
Por su parte, los médicos afirman que no interrumpir el embarazo causaría una rotura del útero de Cox, amenazando su fertilidad futura y su vida por lo que ella, su marido y su médico demandaron a Texas la semana pasada e inicialmente un juez del condado de Travis le concedió el derecho a abortar.
Pero el fiscal general del estado, Ken Paxton, recurrió rápidamente ante la Suprema Corte de Texas, que bloqueó la orden del tribunal inferior. Paxton también amenazó con procesar a cualquier médico que practicara el aborto.
“Esta última semana de limbo legal ha sido infernal para Kate”, dijo Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos, que presentó el caso en nombre de Cox, su marido y su médico.
“Su salud está en la cuerda floja. Ha estado entrando y saliendo de urgencias y no podía esperar más. Por eso los jueces y los políticos no deberían tomar decisiones sobre atención de las embarazadas: no son médicos”.
aag
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