Luego del desenlace de la telenovela de Samuel García y sus aspiraciones presidenciales, abundan en las redes sociales y medios informativos diversas versiones sobre las indagatorias que sobre el político de Movimiento Ciudadano se realizan en los ministerios públicos a nivel local y federal. Las mismas que, en teoría, habrían provocado temor al fugaz precandidato y motivado la decisión de retomar el gobierno de Nuevo León para conservar el fuero y, por consecuencia, la libertad. La realidad es que, en un escenario en el que la UIF de Pablo Gómez se ha mantenido prácticamente desaparecida, los datos que pesan sobre Samuel son los que obtuvo, a través de una búsqueda en el sistema financiero, el extitular de esa oficina Santiago Nieto, los cuales pasaron posteriormente a ser parte de una carpeta de la FGR, de Alejandro Gertz Manero, y se mantienen listos para ser usados contra el Gobernador en caso de que sea necesario. Es decir: sí hay material para ponerlo en problemas.
Entre los hallazgos más interesantes de Nieto Castillo se encuentra la detección de un esquema carrusel o de triangulación de recursos entre tres despachos fiscales y una inmobiliaria: los despachos se identifican como García Mascorro Abogados Firma Jurídica Fiscal SC, Firma contable y Fiscal Contadores y Financieros SC, y Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC; mientras que la inmobiliaria es la razón social SAGA Tierras y Bienes Inmuebles SA de CV.
García Sepúlveda es propietario hasta del 35 por ciento de las acciones de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles. Entre 2016 y 2019, recibió en esa razón social 56 transferencias por un monto total de 172 millones de pesos, provenientes de las ya mencionadas firmas fiscales que, a su vez, están relacionadas con su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y con su medio hermano, el abogado fiscalista Samuel Orlando García Villarreal. Se presume una operación de lavado de dinero, porque SAGA, constituida con un sorprendente capital de 106 millones de pesos, es una compañía que no reporta actividades u operaciones que justifiquen la recepción de recursos. Al parecer, según los datos de la UIF, se trata de una compañía que solo funciona como concentradora de recursos para luego dispersarlos en beneficio de la familia del mandatario que imaginó ser Presidente de México en algún momento.
Asimismo, desde esta empresa se tienen detectados retiros en efectivo por más de 17 millones de pesos, entre los años 2018 y 2020, lo que deberá sumarse a los elevados gastos que Samuel realizó a través de dos tarjetas de crédito American Express, una a nombre propio y otra registrada a nombre del despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados. Los montos facturados, entre 2019 y 2020, fueron por más de 18 millones de pesos. A todas estas irregularidades habrá también que agregar los extraños movimientos financieros de su esposa Mariana Rodríguez y de su familia política; todos con el tamaño suficiente para convertirse en un potencial escándalo que hubieran enturbiado un eventual camino para competir por la Presidencia.
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