La noche del sábado 25 de noviembre un grupo armado atacó a tiros una patrulla militar que realizaba reconocimiento terrestre entre las comunidades de Loma Bonita y Guadalupe Miramar, en el municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala. El enfrentamiento dejó un soldado muerto, dos más heridos y cuatro atacantes sin vida.
El choque ocurrió cuando los soldados pertenecientes a la 12 Compañía de Infantería No Encuadrada (C.I.N.E.), participaban en un operativo de búsqueda del presidente municipal y su secretario quienes horas antes habían sido secuestrados por hombres armados. Fuentes militares señalaron que el enfrentamiento se prolongó hacia la cabecera municipal donde los soldados repelieron la agresión y luego de varias horas tomaron el control de la situación.
El dato que llamó la atención fue que los delincuentes utilizaron drones equipados con artefactos explosivos improvisados, recurso donde el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha implementado una estrategia con estos aparatos en entidades como Michoacán, Guanajuato, Jalisco y ahora con grupos aliados en Chiapas.
El uso ilícito de Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT) equipados con sistemas de liberación de artefactos explosivos improvisados, es un tema que preocupa demasiado a las fuerzas armadas por la proliferación que se ha dado a partir del año 2020 en varias entidades del país. Quienes los han usado como arma en disputas territoriales y contra fuerzas de seguridad aparte del CJNG, son la banda criminal que se hace llamar Cártel Santa Rosa de Lima y Carteles Unidos. Estos equipos no son detectables con facilidad, para su neutralización se requiere de equipos especializados, la navegación es precisa, tienen capacidad de carga y la legislación al respecto es limitada.
La delincuencia organizada operan equipos de alta gama, algunos con cámaras de detección térmica para operaciones nocturna, otros con sistemas de liberación improvisados que activan artefactos explosivos por impacto (drones kamikaze), los hay con capacidad para visualizar objetivos a través de cámaras profesionales, y con explosivos de uso industrial o militar.
Un documento denominado “Propuesta de estrategia para el control de drones”, fechado en marzo de 2022, encontrado entre los correos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional por el colectivo de hackers Guacamaya, muestra la evolución que ha tenido el uso de drones armados con artefactos explosivos improvisados y los lugares donde se han concentrado. El documento identifica a Aguililla, Coalcomán, Tepalcatepec, Chinicuila y Aquila como municipios “de alto riesgo” en Michoacán, la entidad que con 12 ataques hasta aquella fecha con saldo de nueve militares y dos policías heridos, encabezaba la lista de drones fuera de control.
Una línea de tiempo de los ataques y la identificación de los individuos pertenecientes a la delincuencia organizada que se han especializado en el uso de estos aparatos, acompaña una revisión de la legislación y de las tareas que urgía implementar para tener mayor control y elevar la penalización del uso ilícito.
Bases de datos de empresas que den entrenamiento, registro nacional de drones, mayor control comercial, judicialización de casos, eran las tareas para el 2023 que parece ser siguen sin concretarse.
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