Tras la incineración de un hombre en la plaza pública de Benjamín Hill, el pasado lunes por la noche, autoridades estatales hablaron por primera vez y señalaron que es un acto que no quedará impune ni en el olvido.
En entrevista, el secretario de gobierno, Adolfo Salazar Razo manifestó que no habrá ningún homicidio que quede “abandonado” en Sonora, por lo que las instancias de procuración de justicia esclarecerán cualquier suceso de ese u otro tipo.
Es un caso que ya se abordó en la Mesa de Seguridad, mencionó, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado está en la investigación para dar con el o los responsables, así como en otros acontecimientos que han ocurrido en otros lugares.
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“Es lamentable, cualquier pérdida de una vida humana, bajo una circunstancia vinculada a un delito es lamentable, un homicidio siempre será lamentable; lo que estamos haciendo es esclarecer y mandar el mensaje que no habrá ningún delito que se cometa en lo referente al homicidio, que sea abandonado por las instancias de procuración de justicia”, enfatizó.
La misión que se han impuesto como autoridades, subrayó, es que mientras exista un robo, persona desaparecida o cualquier otro incidente habrá una asignatura pendiente.
Salazar añadió que todas las instituciones están enfocadas en atender y construir la pacificación de la región, cuya muestra es la reducción del 30 % en el homicidio doloso en el último año, que se ha notado en la tranquilidad de municipios como Empalme, Caborca, Hermosillo y Nogales, en los que meses atrás fueron azotados por el crimen organizado.
Designación en el Istai
Sobre la designación que hizo el Congreso del Estado de la nueva comisionada del Istai, en la figura de Karem Valles Sampedro, expuso que es parte de un proceso que se siguió en el legislativo y que habrá de ser ratificado por el Ejecutivo próximamente.
Al ser cuestionado sobre las críticas que se han generado por esa decisión, debido a que esta persona mantenía un puesto dentro de la administración estatal, aclaró que todos tienen la oportunidad de trascender, más si se trata de convocatorias que son abiertas.
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“Todos aquellos que cumplan con lo que establece la Ley tienen derecho a levantar la mano, no podríamos cancelar las posibilidades de ningún ciudadano por el hecho de tener en su familia a alguien que está activo en el servicio público, sería una violación a un derecho decir que no puede participar por esa razón”, apuntó.
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