HERMOSILLO, Sonora.- Aun cuando en todo México no existe la construcción de vivienda social, la propuesta de la CTM Sonora para dotar de vivienda a los trabajadores de menos ingresos está muy cerca de hacerse realidad y podría convertirse en un programa piloto para implementarse a nivel nacional, destacó Mario Macías Robles.
El director sectorial de los trabajadores del Infonavit señaló en entrevista telefónica que hace dos meses se planteó la posibilidad de que el organismo pudiera financiar la compra de reserva territorial con fondos de los propios trabajadores, lo que fue aprobado por unanimidad en el Consejo de Administración.
Agregó que Carlos Martínez, director nacional de Infonavit, ya ha tenido conversaciones serias con el gobernador Alfonso Durazo para buscar la posibilidad de fondear la proveeduría de los servicios de agua, luz y drenaje, así como la urbanización de los predios.
Creemos que la propuesta de que solamente comprar reserva e incrementar la capacidad de compra no es suficiente, sino que se requiere el concurso de los gobiernos estatales y de los municipios, los que pueden aportar estímulos fiscales y exención de impuestos.
“Ahí sí se completa la fórmula para tener el objetivo de que se pueda producir y ofertar vivienda económica para los trabajadores de menos ingresos”, refirió el funcionario.
Con estos avances, Macías Robles prevé que en el primer trimestre del 2024 se pueda arrancar con el programa, después de que el Infonavit establezca con claridad las reglas de operación, así como las cantidades que se pueden destinar a la compra de predios.
Cabe precisar que en Sonora hay actualmente 230 mil trabajadores con derecho a crédito, de los cuales alrededor de 130 mil sí están dispuestos a adquirir vivienda, pero no les alcanza, de ahí la propuesta hecha por la CTM para que se construyan viviendas con costos que van desde los 450 mil pesos.
Macías Robles precisó que a nivel nacional hay 23 millones de personas con una relación laboral vigente y aportan recursos; de ellos, 8.5 millones están precalificados (con derecho a un crédito) y alrededor de 5 millones en el rango de menos de dos salarios.
Infonavit no tiende fondos ni recursos suficientes para enfrentar un reto tan descomunal”, señaló, por lo que la estrategia propuesta por la CTM Sonora para cubrir esa demanda podría replicarse en otros estados.
El Fondo Nacional de vivienda cuenta con 2.7 Billones de pesos y en la disposición liquida más de 600 mil millones de pesos.
Para cerrar lagunas legales que impiden que las víctimas de violencia intrafamiliar reciban justicia oportuna, la diputada Rebeca Irene Silva Gallardo, del grupo parlamentario de Morena, presentó en la sesión ordinaria del Congreso de Sonora una iniciativa de reforma al Código de Familia y al Código Penal, entre otras leyes.
La autora de la iniciativa explicó que en el Código Penal se propone crear dos nuevos delitos que tendrán penas de tres a ocho años de prisión y multa de 216 a 576 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA): Violencia familiar agravada por lesiones que tarden en sanar más de quince días, pongan en peligro la vida o dejen secuelas o cicatrices; y violencia familiar agravada por circunstancias especiales.
La legisladora abundó que estos dos delitos complementarán los dos actuales de violencia familiar simple y equiparada, con los que los acusados gozan de suspensión condicional; además permitirán cerrar la “puerta giratoria” a quienes incurran en formas graves de violencia.
Detalló que en el Código de Familia se plantea incluir un capítulo específico sobre violencia familiar, ya que actualmente sólo se trata en tres artículos; así mismo, añadió que se busca modificar diversos aspectos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Atención a la Violencia Familiar. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Durante la sesión, las diputadas y el diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una iniciativa para establecer el derecho a los uniformes escolares en la Constitución local.
La diputada Sagrario Montaño Palomares planteó que la medida tiene la intención de garantizar la entrega, a cada estudiante de educación básica, de un uniforme de forma gratuita al inicio de cada ciclo escolar, en tiempo y forma, para evitar la afectación en los bolsillos de madres y madres de familia.
Agregó que la iniciativa consiste en adicionar un párrafo décimo segundo al Artículo 1° de la Constitución local, en la que también se determina que, además del uniforme escolar, el estado deberá proporcionar calzado o, en su caso, el otorgamiento de un vale electrónico para adquisición de los mismos, en un plazo máximo de 30 días posteriores al inicio de cada ciclo escolar.
Se turnó para estudio a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura. Propone CTM Sonora un plan para compra de vivienda social.
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