Xóchitl Gálvez, virtual precandidata presidencial única del Frente Amplio por México (FAM), firmó esta tarde la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta, que establecen que la libertad de expresión es un derecho inalienable de los pueblos y condena los ataques y la censura hacia la prensa.
La aspirante presidencial del PAN, PRI y PRD suscribió esta declaración de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el marco de su 79a. Asamblea General, que se realiza en la Ciudad de México, luego de que la virtual precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, canceló su participación en dicho foro y, con ello, también su firma para respaldar la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta.
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En su mensaje, Gálvez Ruiz afirmó que ella fue víctima de la violación de sus derechos de libertad de expresión por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se le cerraron las puertas de Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica, incluso con una orden judicial a su favor.
“He sido hostigada desde Palacio Nacional e incluso tengo medidas cautelares por violencia política de género”, sostuvo.
La todavía senadora del PAN mencionó que “los poderosos no le deberían de tener miedo a los medios de comunicación, sino que le deberían tener miedo a su corrupción“.
Décalogo de la Declaración de Chapultepec
El decálogo de la Declaración de Chapultepec, que fue presentado en 1993 por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), establece que:
1.- No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.
2.- Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos.
3.- Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.
4.- El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.
5.- La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.
6.- Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan.
7.- Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.
8.- El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios.
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9.- La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga.
10.- Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.
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