Desesperados porque se les dé una solución por parte de las autoridades para que se frenen las amenazas que afirman reciben de un sujeto que se ha apoderado mediante artimañas y despojos de varios predios, se dijeron residentes del asentamiento Mirabal, al sur de Hermosillo.
Semanas atrás acudieron a Palacio de Gobierno para solicitar apoyo para la regularización del terreno en el que habitan alrededor de 600 familias, cuya petición pronto tendrá respuesta, sin embargo, debido a un hombre, quien recientemente llegó a ese lugar, han visto como les ha alterado su tranquilidad.
“Sigue la venta ilegal de terrenos, es una cuestión que lo hemos hablado en muchas ocasiones, así como otros problemas con algunos menores de edad, hicimos acercamiento con el DIF Estatal, pero no nos atendieron”, expuso Bethel Valenzuela López, quien asegura haber sido víctima de despojo por parte del sujeto en cuestión.
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Dada esa conducta, varios residentes han intentado evitar perder su patrimonio, pero debido a las amenazas verbales de esa persona, quien presuntamente con armas en mano los intimida, es que acudieron a Palacio de Gobierno para plantearles ese escenario a las autoridades, pero no han tenido respuesta.
“Ya hemos recorrido varias instancias, en todas se ha hecho caso omiso, como que es persona que hace venta de terrenos, también ha hecho amenazas. Llegó ahí, está invadiendo, acapara terrenos y los revende”, mencionó Alejandra González Gómez.
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Estiman que son más de 20 terrenos que se ha apropiado dicho sujeto, incluso a pesar de que los ciertos posesionarios había realizado construcciones, estas fueron derribadas o quemadas supuestamente por él y otros de sus allegados.
“Ya pusimos denuncia ante la FGJE, pero no han procedido, por despojo, amenazas, por hay cuatro menores que andan robando”, complementó Isaac Samaniego, otro de los afectados.
El coordinador de Bienes y Concesiones, Antonio Gallardo informó que se está en proceso de regularizar alrededor de 600 predios en ese asentamiento, esto tentativamente en los siguientes 15 días, por lo que una vez que se de ese procedimiento, los habitantes esperan que ponga orden y con ello termine la pesadilla que experimentan por la venta ilegal de sus posesiones.
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