Será hasta que se tengan los dictámenes que elabore la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) sobre el caso del incendio de un bar en San Luis Río Colorado (SLRC), que se sabrá si hubo omisiones por parte de servidores públicos municipales y estatales, consideró la abogada penalista, Liliana Bernal Zamora.
En su opinión sí hay responsabilidad de los funcionarios el que no se hayan verificado las instalaciones con la que operaba el “Beer House”, debido a que de haberse hecho en tiempo y forma no se hubiera presentado esa tragedia en la que murieron 11 personas y seis más resultaron con daños en su salud.
“Para mí sí hay una responsabilidad por parte de servidores públicos, a reserva de que la FGJE, que lleva la investigación y de los datos de prueba que se deriven de la investigación, se deslindarán o imputarán las responsabilidades de acuerdo a los servidores públicos”, pronunció.
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La integrante de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados aclaró que es un caso distinto en el que no aplica la Ley 5 de Junio, creada a raíz del siniestro en la Guardería ABC en el 2009, puesto que el Código Penal contempla que los establecimientos que reciban menores o personas con discapacidad tienen que ser inspeccionados por las autoridades, pues no basta solo con emitirse los dictámenes de que se cumplieron con las normas, porque luego vienen las omisiones.
“Va a ser fundamental que la FGJE sea cuidadosa en la investigación, para que después de a conocer si se cumplían o no con las normas de protección civil”, declaró la litigante.
Subrayó que la Ley de Responsabilidades en el artículo 67 establece que: “Incurren los servidores públicos correspondientes al sistema de protección civil, así como de quienes tengan la obligación de salvaguardar la integridad de menores o de población vulnerable en establecimientos públicos, privados o mixtos, serán resueltas por las instancias y autoridades previstas en esta ley, atendiendo las supuestas violaciones previstas en la normatividad aplicable”.
Otro aspecto importante a considerar, mencionó, es que si se señala por expertos que el inmueble no cumplía con las medidas de protección se tendrá que explicar por qué se expidieron licencias.
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Una vez que se tengan los dictámenes, las familias de las víctimas podrán coadyuvar en la investigación del Ministerio Público, apuntó, aún y cuando estén o no de acuerdo con los resultados presentados por la FGJE, incluso pueden proponer expertos en el tema para que se tenga una versión más cercana a la verdad que esperan tener.
No solo el sujeto ya detenido por las autoridades como el presunto responsable tiene que responder ante la ley, sino también el propietario del negocio y las autoridades, estas últimas si se encuentra que no atendieron las normas establecidas, manifestó.
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