La estrategia del crimen organizado para demostrar que tienen el control en Chilpancingo y municipios aledaños, fue muy básica y exhibió la ignorancia e ingenuidad de la alcaldesa que dice gobernar la capital del Estado de Guerrero.
El pasado 5 de julio horas después de que dos integrantes de la banda criminal conocida como “Los Ardillos” fueran detenidos en posesión de drogas y armamento, se difundió un video de una reunión entre el líder de este grupo delincuencial y Norma Otilia Hernández Martínez, presidenta municipal de Chilpancingo. El encuentro ocurrió hace casi dos años en octubre del 2021, pocas semanas antes que asumiera el cargo, en un restaurante de Quechultenango comunidad cercana a la capital, donde tuvo de interlocutor a Celso Ortega Jiménez, cabecilla del crimen organizado en la región quien es hermano de Bernardo Ortega Jiménez, diputado local del PRD, quien en la legislatura pasada fue presidente del Congreso del Estado.
En los audios se escucha cómo la alcaldesa despotrica contra los “ineptos” del Gobierno del Estado que encabeza su rival en Morena, la gobernadora en funciones Evelyn Salgado, y se jacta que anda “matándose”, para “sacar lana” para “cubrir esto, para cubrir el otro”. Lo único que quedó claro de aquel encuentro, donde habló de dinero, “rutas” y su carrera política, es que la ex funcionaria de Tránsito Municipal, donde fue secretaria particular del director, auxiliar contable y coordinadora de atención al público, se asume como “la primera generación de políticos que van a hacer base de gobierno”.
La difusión del encuentro generó revuelo y confirmó que los alcaldes de Morena y otros partidos políticos en Guerrero tienen “acuerdos” con distintos grupos de la delincuencia organizada. Detener a dos integrantes de la banda criminal que controla Chilpancingo equivalió a no cumplirlos. Y fue suficiente argumento para la movilización de habitantes de comunidades controladas por “Los Ardillos”, quienes durante dos días tomaron la capital de Guerrero con bloqueos en las principales avenidas y la toma de Palacio de Gobierno, donde lució la ausencia de la gobernadora convertida en símbolo del vacío de autoridad que impera en la entidad.
En los últimos seis meses se ha documentado cómo los alcaldes de los municipios de la Tierra Caliente tienen acuerdos tácitos con la banda criminal que se autodenomina “La Familia Michoacana”. Una acción judicial contra sus propiedades hace pocos meses, ocasionó un bloqueo carretero encabezado por los ediles de diferentes municipios de esta región.
En Chilpancingo se encuentra la 35 Zona Militar cuya jurisdicción comprende 56 municipios de los 81 que conforman el estado de Guerrero. Su área de responsabilidad es la zona Centro, la Montaña, Tierra Caliente y Norte del Estado. Fuentes militares ubican redes de la delincuencia organizada incrustadas en todos estos municipios. En algunos hay funcionarios que trabajan bajo amenaza de grupos antagónicos como en Iguala. Otros están sometidos por completo como en Taxco. En algunos como en Chilpancingo quedaron grabados. En Guerrero se vive a diario una ficción de autoridad constituida, la realidad es que el crimen manda y decide. Chilpancingo es la evidencia más reciente.
Lea el artículo completo aquí.
