Estados Unidos ha pedido a México que revise si a los trabajadores de una fábrica de prendas de mezclilla en Aguascalientes se les está negando el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva, dijo el lunes la oficina del Representante Comercial estadounidense.
La titular de la oficina, (USTR, por sus siglas en inglés), Katherine Tai, informó que la solicitud sobre una planta de confección propiedad de Industrias del Interior (INISA), que fue fundada en 1975, constituye la primera queja de derechos laborales de este tipo en el sector.
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Washington ha intensificado las quejas contra las instalaciones en el país desde que entró en vigencia el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, TMEC, en 2020, incluidos casos que han allanado el camino para que nuevos sindicatos obtengan mejores salarios y beneficios.
“Este anuncio demuestra nuevamente el compromiso de la administración Biden-Harris de utilizar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida para salvaguardar los derechos de los trabajadores y las promesas consagradas en el TMEC“, señaló Tai en un comunicado.
“La acción de hoy destaca el enfoque de Estados Unidos para garantizar que los trabajadores de todos los sectores tengan libertad de asociación y derechos de negociación colectiva. Como en asuntos anteriores, esperamos trabajar en estrecha colaboración con el gobierno de México para abordar los problemas presentes en este caso”, agregó.
La USTR dijo que Tai había instruido a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que suspendiera la liquidación final de las cuentas aduaneras relacionadas con las entradas de mercancías desde la instalación.
El Comité Laboral Interagencial para el Monitoreo y Cumplimiento recibió una petición el 12 de mayo de una organización laboral mexicana, el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), y del Sindicato de Industrias del Interior, que representa a los trabajadores.
Alegó que INISA está coaccionando a los trabajadores para que acepten las revisiones del contrato colectivo de trabajo propuestas por la empresa e interviniendo en los asuntos internos del sindicato. También aduce que la compañía no está negociando de buena fe con la organización sindical.
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El ILC revisó la petición y encontró lo que llamó “evidencia suficiente y creíble de una denegación de derechos que permite la invocación de buena fe de los mecanismos de cumplimiento”, dijo la USTR.
La solicitud del USTR concede a México 10 días para aceptar realizar una revisión y luego, si acepta, 45 días para completarla.
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